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La crisis del Albéniz pone en el punto de mira la situación de los teatros de la capital
JULIO BRAVO
MADRID. El anuncio del cierre del teatro Albéniz ha levantado un extraordinario revuelo en el mundo de la escena española, y particularmente en la madrileña. La plataforma Ayuda al Albéniz creó hace unas semanas una página web que ha sido el detonante de toda la polvareda, en la que se han visto envueltos tanto el Ayuntamiento de la capital como la Comunidad de Madrid, que es quien desde hace más de veinte años gestiona este coliseo, cuyo edificio es propiedad privada. Mañana, a las siete de la tarde, la citada plataforma (que ha recogido ya cerca de dos mil muestras de apoyo en su página web) ha convocado una concentración de protesta ante las puertas del teatro, situado en la calle Paz, a escasos metros de la Puerta del Sol y a espaldas de la sede del Gobierno regional.
Los hechos, como recordarán los lectores, se sintetizan así. Los dueños del inmueble donde se encuentra el teatro Albéniz, construido en 1945, recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la catalogación del Albéniz como edificio singular y su consiguiente protección, incluida en el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en 1997. El citado Tribunal les dio la razón en una sentencia del 3 de julio de 2003 y los propietarios iniciaron los trámites para su venta, llevada a cabo hace unos meses. El anuncio del cierre del Albéniz -que no se llevará a cabo, según la Comunidad de Madrid, hasta que se inaugure y se ponga en marcha el nuevo Teatro del Canal que está construyendo el Gobierno regional- fue el detonante para la movilización popular, movida desde la mencionada plataforma.
Tanto Ayuntamiento como Comunidad de Madrid acusaron el golpe. El Gobierno municipal anunció -noticia que adelantó ABC- la elaboración de un Plan de Protección y Desarrollo del Uso Cultural de la Ciudad de Madrid, que vinculará «el uso cultural al espacio y a la ciudad, en razón de los ejes turísticos y culturales de la capital». Por su parte, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, se comprometió esta semana desde la Asamblea de Madrid a mantener la actividad teatral en el teatro Albéniz mientras ella permaneciera al frente del Gobierno regional. Y dos empresarios teatrales, Enrique Cornejo y Alejandro Colubi, entraban en liza al mostrar su disposición a comprar el teatro.
Madrid ha sido siempre una ciudad con una firme afición teatral, y en los tiempos en que era, junto con Barcelona -y, en verano, capitales como Bilbao o Santander-, un oasis teatral dentro del desierto que era España en general, eran muchos quienes organizaban visitas a Madrid con el único fin de ver teatro.
Hoy en día, la situación ha cambiado y en todo el país existe una red teatral de calidad como para que las compañías giren; Madrid sigue siendo, sin embargo, la plaza mayor del teatro. La consolidación (parece que definitiva) del musical y su implantación en la Gran Vía ha dado un importante espaldarazo a la actividad teatral en la ciudad. En la última década, y en esta única calle, se han recuperado cuatro escenarios: Coliseum, Lope de Vega, Gran Vía (con dos salas) y Movistar (Rialto). Son teatros en cuyas reformas se han invertido grandes cantidades de dinero -la última que se acometió en el Coliseum, en 2001, costó más de quinientos millones de pesetas- y que ofrecen al público condiciones favorables para que acuda al teatro, algo que no siempre ocurre en la capital. Juan Carlos Pérez de la Fuente, ex director del Centro Dramático Nacional y «experto» en reformas -durante su mandato emprendió la construcción del nuevo teatro Valle-Inclán y la obligada restauración del María Guerrero-, dijo tras la apertura de éste último escenario,en mayo de 2003, que «el gran beneficiario es el público. Muchas veces, al hacer reformas de este calado, no nos preocupamos suficientemente de él; un teatro tiene que ser, entre otras cosas, un lugar agradable donde estar».
Mal endémico
No todos los teatros de Madrid cumplen esta condición. Incomodidad en las butacas poco acogedoras estancias son comunes a varios locales de la capital. En muchos casos, es la edad de los edificios la que ocasiona los problemas; en otros, la poca atención que sus responsables ponen en estos. Hay, en este sentido, un mal endémico. La mayoría de los teatros privados madrileños están alquilados, y los empresarios no quieren gastarse más de lo necesario en una reforma cuyos gastos, aducen, correspondería a los dueños, y que estos no acometen. Todo ello a pesar de las ayudas del Consorcio del Plan de Rehabilitación de Teatros de Madrid, creado en 1994 por el Ministerio de Cultura, la Comunidad y el Ayuntamiento. La última renovación del convenio se llevó a cabo en noviembre de 2003, y es de prever que antes de que acabe el año vuelva a renovarse. La cuantía de las ayudas es aproximadamente de un millón de euros.
El censo de teatros de Madrid incluye cuarenta escenarios (sin contar las salas alternativas, cada vez con mayor y mejor actividad). De ellos, veinticinco pertenecen a la empresa privada, y el resto se dividen en teatros municipales, de la Comunidad, del Ministerio de Cultura o de un consorcio o fundación.
El más antiguo de los teatros de Madrid es el Español, propiedad del Ayuntamiento de la capital, y gestionado por éste. Se construyó en 1585, y su historia es tan grande como accidentada, con dos incendios, el último de ellos en 1975. La última reforma realizada en este teatro, según el Mirem (Mapa informatizado de recintos escénicos y musicales de España, realizado por la SGAE), es de 1993, aunque el pasado año se cerró durante unos meses para acometer reformas en las instalaciones eléctrica y de calefacción.
Iniciativa privada
La iniciativa privada es uno de los mayores valores del teatro madrileño. Según el ya citado Antonio Castro, «el teatro es una actividad empresarial lucrativa pero altamente arriesgada. La iniciativa privada es la más osada en este sector y la que asume mayores riesgos. Las subvenciones que recibe no cubren, en casi todos los casos, el desembolso inicial de una producción escénica, aunque esta ayuda de los presupuestos públicos contribuya a ponerla en pie y para algunas empresas sea indispensable». Los algo más de 20 teatros privados están en manos de unos pocos empresarios. Enrique Cornejo gestiona el Reina Victoria, el Muñoz Seca y el Real Cinema; Stage Entertainment lleva la actividad del Lope de Vega, el Coliseum y el Nuevo Teatro Alcalá; Alejandro Colubi tiene en sus manos el Príncipe Gran Vía y el Marquina; Enrique Salaberría gestiona el Alcázar, el Gran Vía, el Infanta Isabel y el Fígaro; y Luis Álvarez hace lo propio con el Calderón y el Movistar (aunque éste lo ha «subarrendado» a Drive).