Ayuda al Teatro Albéniz

No nos dejan indiferentes la cantidad de proyectos culturales y edificios emblemáticosque se están cerrando. Hoy os hablamos de dos casos particulares: la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid y el uso cultural del Palacio de la Música de Madrid.

Aquí os informamos de varias asociaciones y plataformas que necesitan nuestra ayuda para salvar actividades y edificios culturales:

Salvemos la Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid

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La Orquesta Escuela de la Sinfónica de Madrid es un proyecto capital, de gran valor social, cultural y educativo, que valida la existencia y gestión de una teatro público como el Teatro Real que debe ser capaz de acercarse a la mayor parte de ciudadanos posible y la obligación de crear futuros aficionados y futuros profesionales.

Desde su creación hace 13 años, la Orquesta Escuela de la OSM ha cumplido los objetivos de formar a jóvenes instrumentistas, favorecer su inserción en el mundo laboral y crear nuevos públicos a través de la música escénica y sinfónica. Es una de las mejores jóvenes orquestas del panorama nacional, valorada unánimemente por crítica y público así como por las dos direcciones artísticas y musicales anteriores a la actual.

Cientos de jóvenes estudiantes han tenido la oportunidad de colaborar con esta orquesta, muchos de ellos ocupan hoy puestos en orquestas profesionales tanto españolas como internacionales, logrando conectar los distantes mundos académicos y profesionales.

Desarrollar el programa pedagógico del Teatro Real ha sido la otra faceta de la orquesta. Este proyecto ha conseguido llenar un vacío en este tipo de actividades, acercando la música a todo tipo de públicos de muy diversa procedencia y condición; niños, jóvenes discapacitados, etc., creando un fuerte vínculo entre el Teatro Real y la ciudad.

No hay excusa económica, mientras haya actividad en el Teatro Real de Madrid, que es un teatro de todos, no debe abandonarse un proyecto de semejante calado.

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Salvaguardar el uso exclusivamente cultural del Palacio de la música de Madrid

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El Palacio de la Música de Madrid, el emblemático edificio situado en Gran Vía 35, iba a recuperar su original esplendor convirtiéndose en auditorio de música después de que hubiese sido adquirido por Caja Madrid en el año 2008.
Pero después de haber llevado a cabo la mayor parte de su restauración, las obras fueron paralizadas y el edificio ha quedado abandonado a su suerte. Actualmente, todos los rumores apuntan a que pueda ser vendido y convertido en una tienda de ropa más (...)

Alberto Ruiz Gallardón, alcalde de la ciudad, permitió la venta del edificio con la condición de que “no se permitiera otro uso que el cultural (cine, teatro o música)". Esta decisión, queda reforzada con la concesión del grando de protección "1" de patrimonio, que obligaba a sus inminentes compradores a respetar todos los elementos originales tanto de fachada como de interior.
En diciembre de 2008, la Fundación Caja Madrid encarga a "Noriega y Gámez Arquitectos" la dirección de las obras, que fueron ejecutadas con absoluta normalidad, respetando estrictamente todos los plazos establecidos.
Tras casi cuatro años de trabajos, a principios de 2012, la dirección de Fundación Caja Madrid decide paraliza las obras.

Tras una inversión de 4 millones de euros (provenientes de dinero público), el edificio había quedado completamente consolidado: se había dotado a la instalación de un nuevo gran espacio polivalente en la azotea (que incluye una terraza a Gran Vía), se había ampliado el espacio escénico y se habían reformado los antiguos "multicines" (bajo escena) para albergar las futuras salas de ensayos y camerinos. Pero la última fase, correspondiente a la recuperación del interior de la sala, fue postergada indefinidamente.
La situación económica de la Fundación, y en particular del Grupo Bankia, llevó a sus responsables a replantearse el futuro del Palacio de la Música. Y poco después comenzaron a filtrarse los primeros rumores de intención de venta del edificio.
Finalmente, el pasado mes de enero, varios medios de comunicación se hacen eco de esta noticia: "Fundación Caja Madrid pone a la venta el Palacio de la Música". (...)

Este año Ana Botella afirmó: “Consideramos esencial que vaya una marca comercial al Palacio de la Música para generar empleo y actividad económica” Ver video con la declaración completa.

Por estos motivos, piden que firmes esta petición para reclamar a esta Fundación y al Ayuntamiento de Madrid que, por el respeto a la Cultura, a la Música, al Patrimonio, a la Historia de una ciudad y sobre todo, al Grado de Protección/Plan Especial de la zona, salvaguarden el uso exclusivamente cultural del Palacio de la Música de Madrid.

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“La Administración en lugar de proteger los bienes culturales pone múltiples trabas para su conservación”
MADRID, 04 de MAYO de 2013 - LAWYERPRESS / Luis Javier Sánchez
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Abogacía y cultura son las dos pasiones de nuestro entrevistado. Aún recuerda cuando aquel legendario Teatro Odeón de la calle Corrientes de Buenos Aires -en el que Margarita Xirgú, ya exiliada, hizo “Yerma” y “Doña Rosita la soltera”-, fue demolido pese a la oposición de la gran familia de la cultura argentina. “Se desprotegió y pese a que estaba estipulado legalmente que se debía construir otro teatro, aún existe un parking en ese lugar” explica Beltrán Gambier, abogado que llevó ese caso en los años noventa, conocido en los manuales de Derecho como “caso Gambier I” o “caso Odeón”. Enamorarse de la cultura española y del Teatro Albéniz no fue complicado “tras conocer por la prensa la situación del teatro; de alguna forma coger su defensa fue una manera de vengar la memoria del propio Odeón”, subraya. A lo largo de esta entrevista profundizamos en el derecho contencioso administrativo y su relación con la cultura. Gambier ha logrado un fallo del Tribunal Superior de Justicia e Madrid –confirmado en diciembre del 2012 por el Supremo- que obliga a la Comunidad de Madrid a tramitar el expediente de Bien de Interés Cultural para el teatro. La sentencia se ha cumplido y el trámite está en marcha. “Soy abogado desde 1981. Realicé mi carrera en una universidad pública argentina en la ciudad de La Plata, ahora tristemente célebre por las inundaciones. Una vez licenciado a Madrid para cursar mi doctorado en la Complutense y asistir al Seminario de Eduardo García de Enterría, con quien mantengo aún relación y también con muchos de sus discípulos. Enterría es muy querido y admirado en Argentina y mucho más desde que es un estudioso de la poesía de Borges”. Al volver empecé a trabajar en Buenos Aires como abogado en un organismo que es como el Consejo del Estado de aquí y se llama Procuración del Tesoro de la Nación. A poco de estar allí, cuando estaba metido en el tema de privatizaciones, me convocó Juan Carlos Cassagne –maestro y amigo-, titular de un despacho especializado en administrativo al que dediqué veinte años. En los años noventa, siendo ya socio, nos fusionamos con un despacho internacional con clientela extranjera llamado Cárdenas, Cassagne y Asociados. Fue este bufete quien me encomendó abrir una oficina de representación en Madrid, que quedó inaugurada en marzo del 2000. Nuestros clientes españoles, entre los que se destacaban Repsol y Endesa, nos lo agradecieron. Desgraciadamente la crisis del 2001 afectó al proyecto aunque lo pudimos mantener hasta el 2005. Como ya había convalidado mi título en el año 1981 decidí trabajar por mi cuenta y ejercer la abogacía hasta el momento que nos encontramos. Soy administrativista y procuro conectar mi pasión por lo cultural con lo jurídico de tal forma que me he especializado en temas relacionados con el Derecho Cultural. He ganado en Argentina y en España casos vinculados con la preservación del patrimonio cultural. El “caso Gambier II” es también materia de estudio en los manuales de Derecho; con él logré paralizar una campaña de publicidad del presidente Menem (que estaba en ejercicio) por violar el principio de legalidad. Mis socios se preocuparon del impacto de este fallo, pero se tranquilizaron cuando los clientes llamaron para dar la enhorabuena por la noticia, que tuvo gran impacto mediático. La revista Intramuros refleja esa pasión literaria. Es el fruto de una tertulia mensual que yo lideraba en Buenos Aires y en la que participaban abogados del mundo de los negocios. En cada una analizábamos un personaje de la historia. Corría el año 1993 cuando empezamos con los debates. Esto me inspiró para poner en marcha la publicación en 1994, junto a María Sheila Cremaschi, recogiendo la temática de la biografía y la autobiografía. Ahora somos una referencia internacional insoslayable en castellano sobre esta materia. Y pioneros. Hemos editado 37 números. ¿Qué valoración puede hacer del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que señala a su defendido, el Teatro Albéniz, Bien de Interés Cultural? Este fallo, ya confirmado por el Tribunal Supremo, anuló el acto administrativo del por aquel entonces consejero del Cultura de la Comunidad de Madrid, Santiago Fisas, que rechazaba un recurso de alzada interpuesto por la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz contra la denegatoria del Director General de Patrimonio Histórico de incoar expediente para declarar Bien de Interés Cultural al teatro. En su día contamos con miles de firmas y cientos de apoyos cualificados de la vida cultural española e internacional para lograr que el mencionado expediente se pusiera en marcha. La negativa de la Comunidad de Madrid nos obligó a interponer un recurso contencioso administrativo hace más de cinco años que fue exitoso. Se anuló con argumentos muy contundentes –diría demoledores- lo decidido por el consejero de Cultura, Santiago Fisas. Gracias a que el Tribunal Supremo rechazó el recurso e casación interpuesto por la propiedad, ahora la sentencia está en plena ejecución. Tanto mi compañera Eva Aladro, portavoz de la Plataforma e hija de Teresa Vico -que dirigió el Albéniz por 20 años-, somos parte en el expediente abierto. Yo actúo como ciudadano y como letrado. Pero en el trámite actual hay más de 70 interesados que nos acompañan, y miles de ciudadanos y personalidades de la cultura que están en el expediente originario, ahora reabierto. ¿Qué balance puede hacer de estos siete años de litigios? Han sido siete años de trabajo muy duros. Organizamos manifestaciones multitudinarias y contamos para ello con el apoyo de la Unión de Actores. Eso fue importante al inicio para que personalidades como Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Aitana Sánchez Gijón, Pilar Bardem, Federico Luppi, el bailarín José Antonio y tantos otros se implicarán en la misma. El imán era este teatro mítico, emblema de la cultura de Madrid. De forma paralela, a lo largo de los años, tramitaron los recursos administrativos y contencioso administrativos. Trabajé en ellos totalmente pro bono, es decir sin cobrar un solo euro. Quiero decirlo claramente: la Administración no colaboró en esta gesta. Nos costó mucho conseguir que llegaran a la Justicia los expedientes que habíamos generado. Entiendo que a los poderes públicos les corresponde hacer lo necesario para preservar los bienes culturales pero realmente lo único que hicieron fue entorpecer nuestro trabajo. Santiago Fisas, hoy eurodiputado, estaba al tanto de todo. Hablé con él varias veces. Su argumento para denegarnos las peticiones era que no se podía ir contra una sentencia del TSJM que trató la cuestión urbanística del 2003. Frente a ello le presenté un dictamen de la catedrática de Derecho Administrativo, Blanca Lozano Cutanda, en el que se dejaba claro que no había óbice legal para tramitar el BIC. No hizo caso. Quizás lo que teme la Administración es el efecto rebote en otro tipo de instalaciones parecidas, de ahí su posición restrictiva. Hay diferencias esenciales con el cierre de los cines en la capital de España. Estos lamentables cierres están autorizados por una cuestionada normativa del Ayuntamiento, que no hace nada por ayudarlos a sobrevivir. Esta claro que la crisis y el hábito de ir al cine conspiran contra la existencia de salas económicamente viables. Pero hay varios sitios y espacios en el Madrid de hoy que claman por protección y lo ocurrido con el Albéniz sirve de aviso para navegantes. ¿Cuál es la situación actual del Teatro Albéniz en estos momentos…? Se encuentra cerrado dado que la empresa propietaria está en una situación de quebranto. Es bastante posible que se lo quede el acreedor de esa empresa que es la Kutxa. Mientras tanto nosotros estamos con la incoación del expediente para que sea declarado Bien de Interés Cultural y confiamos en que la Comunidad de Madrid tenga presente lo dicho por el TSJM y que resulten favorables los dictámenes que se están pidiendo a organismos vinculados con lo teatral y lo cultural. El debate ahora abierto puede durar todavía unos meses. ¿Esta recalificación como bien cultural, lo sacaría de la quiebra realmente? No hay una conexión entre ambos fenómenos. La declaración de Bien de Interés Cultural protege el hecho cultural sin ser una protección del edificio, aunque indirectamente si está protegido. Pero no supone la asignación de ingresos ni ayudas económicas directas.. Si lográramos esta declaración, naturalmente se producirá una disminución del valor del teatro porque tendrá una restricción administrativa importante y ya permanente. Pero al menos despejará la actual incertidumbre y podrá venderse. ¿Es factible que el Albéniz vuelva a funcionar como hace años? Ya no tendrá el apoyo público que lo hizo grande. Y ello por la existencia de los Teatros del Canal. Pero creo que para una explotación comercial normal su ubicación es inmejorable estando a cien metros de la Puerta del Sol, centro de la capital. Estoy convencido que renacerá; cuándo y cómo aún está por ver.. Pese a la crisis, la actividad teatral no se ha resentido demasiado y los teatros ven como la gente acude a diferentes representaciones. El teatro es un reducto de inspiración, sosiego y provocación que no se pierde. Claro que los teatros tienen presente y futuro. ¿Qué satisfacciones en un pleito de este tipo logra un abogado como usted? La principal satisfacción es comprobar que el derecho y la justicia se llegaron a tiempo en este entrañable caso cultural. Nunca me di por vencido, pese a las vicisitudes desfavorables. Y tener una compañera de ruta como Eva Aladro es algo especial. Ella y nuestros compañeros de la Plataforma me alentaron siempre en mi labor profesional que terminó dando sus frutos. En segundo lugar tengo que estar agradecido a los profesionales que me han ayudando en este trabajo. Los procuradores que intervinieron, Mercedes Albi y Javier Fraile, actuaron pro bono. Mención especial hago de Jesús Prieto de Pedro, que además de catedrático es uno de los principales expertos en temas de derecho cultural, reconocido en Europa y América. Él comentó la sentencia del TSJM en un libro de homenaje a Tomás Ramón Fernández, uno de los grandes juristas de este país y muy buen amigo. También estoy agradedecido a Luis Ortega Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo y hoy Magistrado del Tribunal Constitucional. Ambos suscribieron conmigo el escrito inicial para tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural. Eso fue una gran satisfacción. Además de lo cultural usted tiene una reconocida actividad cívica como fundador de Transparencia Internacional España, ¿qué novedades hay en el panorama de las relaciones de los ciudadanos con la Administración? Justamente ese doble interés que tengo por lo cívico y por el Derecho Administrativo me llevó a promover dentro Transparencia Internacional España y luego con la abogacía española, una línea de actuación de abogacía pro bono para apoyar a los ciudadanos que desean ejercer su derecho a la información a modo de activismo. Tuve la satisfacción de conseguir dos acuerdos para plasmar estas ideas: con el CGAE y el ICAM. Estos convenios están plenamente vigentes y deben ser conocidos por los ciudadanos, tarea en la que vuestra labor es invalorable. Es fundamental que cambie la mentalidad oscurantista de la Administración, ejemplarizada en el funcionario medio español. También creo que los jueces y magistrados deben hacer un esfuerzo por estar a la altura de los tiempos. Hace poco tuvimos un fallo del Supremo totalmente desalentador. Se trataba de un caso promovido por Access Info Europe contra el Ministerio de Justicia. Esa organización quería saber qué había hecho el gobierno en torno al cumplimiento de convenciones internacionales para luchar contra la corrupción. Ante el silencio del ministerio, ya irregular, fue necesario interponer un recurso contencioso administrativo. El caso terminó en el Supremo y el 22 de mayo de 2012 se rechazó la pretensión de la recurrente diciendo que no tenía derecho. Y además impuso el pago de 3.000 euros de costas. El magistrado ponente señala en su fallo, entre otras cosas, que “yerra el recurrente cuando indica que en España no hay una ley de acceso a la información”. Lo dice pensando en la Ley de Procedimientos Administrativos que o no tiene nada que ver, desde un punto de vista técnico y según mi modo de ver, con los estándares que ahora se estudian en el proyecto de ley de acceso a la información pública que tramita en el Congreso de los Diputados. El derecho a la información ya tenía vigencia al momento de ese fallo. La enseñanza es que hacen falta leyes claras para proteger su efectivo ejercicio. ¿Qué echa en falta entonces para combatir la opacidad de la Administración? Contar con una Ley de Transparencia que realmente permita el acceso a la información por parte del ciudadano. Eso es fundamental. El proyecto de Ley sobre Transparencia que se está tramitando no está muy logrado y ha merecido muchísimas críticas desde la Sociedad Civil.. Hay un dato importante que queda claro en esta iniciativa, se habla del silencio negativo de la Administración si no contesta a la petición de un ciudadano. Eso que significa, en términos prácticos, que el ciudadano tiene que interponer un recurso contencioso administrativo si no le dan la información. Es absurdo. Pienso que debe haber obligación de resolver. ¿Cree que es razonable la normativa que regula las relaciones entre la Administración y los ciudadanos cuando éstos actúan en defensa del interés público? Es evidente que cuando un ciudadano actúa en defensa del interés general debería estar exento de cualquier tipo de tasa y de costas. Sería lo lógico y lo justo en este contexto en el que nos movemos. Pero es todavía una aspiración. Le pongo un ejemplo. Si como ciudadano bregara por la preservación de un monumento histórico, este tipo de acción debe estar exenta de tasas judiciales y del riesgo de imposición de costas. La ausencia de interés personal marca la diferencia. A eso debemos llegar para animar a los ciudadanos a defender sus bienes culturales. Sentencias como la antes comentada del Supremo van en la dirección contraria.

Ayuda al Teatro Albéniz

14.5.13

Beltrán Gambier “La Administración en lugar de proteger los bienes culturales pone múltiples trabas para su conservación”

2.5.13

Causas que apoyamos (I)

9.4.13

MUERE JOSÉ LUIS SAMPEDRO, AMIGO DEL ALBÉNIZ Y DEL PUEBLO ESPAÑOL

8.4.13

Entrega de firmas para las alegaciones en favor del Teatro Albéniz

G. A.