7.8.14

Mariño cree que el Teatro Albéniz será el único afectado por el fallo del Tribunal Constitucional


 

 

Mariño cree que el Teatro Albéniz será el único afectado por el fallo del Tribunal Constitucional

 

 

El Teatro Albéniz en la calle de la Paz E.M.


URBANISMO Decisión judicial 
Agencia EFE


La consejera de Empleo, Turismo y Cultura, Ana Isabel Mariño, ha dicho hoy que el único proyecto que podría verse afectado por el fallo del Tribunal Constitucional, que anuló ocho artículos de la Ley de Patrimonio, es el teatro Albéniz y que el resto de los proyectos "que están en marcha seguirán igual".

Según la consejera, la ley autonómica "sigue teniendo su vigencia, es perfectamente legal", y mientras tanto el Gobierno regional está elaborando el nuevo articulado "para ver cómo encajarlo en la constitutucionalidad".

Ha detallado que la sentencia del TC "no ha dicho que lo que dice la ley autonómica no se pueda hacer, sino que lo tiene que hacer el Estado, que es competencia estatal".
Es una sentencia que "acatamos, pero es bastante discutible", por tanto, mientras se elabora el nuevo articulado, lo llevan a Consejo de Gobierno para elevarlo si procede, a la Asamblea de Madrid, "se aplica de forma subsidiaria los artículos de la ley del Estado", ha dicho durante su visita a Alcalá de Henares.

A su juicio, la ley estatal, del año 85, "en esto está coja, ha quedado obsoleta, anticuada, no está acomodada a las nuevas necesidades del patrimonio de la región y de España".
De ahí que el Gobierno regional, una vez haya modificado el articulado de la ley autonómica, vaya a proponer al Estado una modificación de esta ley, que "ha quedado fuera del mercado, fuera de contexto y de las nuevas necesidades patrimoniales de España y de la Comunidad de Madrid".
Mariñó ha concluido que "el único proyecto que está siendo estudiado y al que sí le pueden afectar" los artículos anulados por el Constitucional es "la decisión que tomó el Consejo de Gobierno sobre el Teatro Albéniz".

Según la consejera, "el resto de los proyectos que están en marcha siguen igual porque no les afecta la normativa anulada por el TC", ha dicho hoy Mariño tras visitar un yacimiento arqueológico en Alcalá de Henares.







El Constitucional abre la puerta a una oleada de litigios por el Patrimonio





 

 

 

El Constitucional abre la puerta a una oleada de litigios por el Patrimonio

 

 

Oposición y arqueólogos consideran que la sentencia afecta a siete zonas históricas de la capital





La fachada del teatro Albéniz en la calle de la Paz. / Claudio Álvarez


Al menos siete edificios o zonas históricas de la capital verán reforzada su protección, según la oposición y los colectivos profesionales, gracias a la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 17 de julio, que anulaba ocho puntos de la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, aprobada en junio de 2013. “El teatro Albéniz, Canalejas, la Quinta de Torre Arias, los edificios de la calle Corredera Baja de San Pablo, el Edificio España, Casa de Campo y el Palacio de la Música” son algunos de los ejemplos citados por Milagros Hernández, responsable de Cultura de la ejecutiva federal de IU, como posibles beneficiados por la decisión de los magistrados, que entienden que las excepciones incluidas por el Gobierno regional en esta norma invadían las competencias estatales.
 
 
La sentencia se produjo a raíz de un recurso interpuesto por 57 senadores del PSOE y del Grupo Mixto, que exigían la derogación de 10 puntos de la normativa. Ambos grupos piden al Ejecutivo de Ignacio González (PP) que revoque la norma y elabore un texto consensuado con los profesionales vinculados al patrimonio histórico. “Recurriremos a la Fiscalía caso por caso si no cumplen la sentencia”, advierte Hernández. La viceconsejera de Turismo y Cultura, Carmen González, considera que los proyectos citados “no están afectados por los artículos derogados” salvo, quizás, el teatro Albéniz. No obstante, reconoce que la Dirección General de Patrimonio “está revisando todas las decisiones que se han tomado en estos meses”. “La oposición está en su derecho de pedir la derogación de la ley, pero de los 45 artículos que conforman la norma, solo han sido declarados inconstitucionales ocho y no son los más fundamentales de la ley. Permanece en vigor más del 80% de la norma”, argumenta.
El recurso, sufragado por la sección de Arqueología del Colegio de Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Madrid, la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio y la Asociación Madrileña de Trabajadores en Arqueología, basaba su planteamiento de inconstitucionalidad en la consideración del Bien de Interés Cultural (BIC) como requisito para la defensa de estos bienes contra la exportación y el expolio, competencias exclusivas del Estado. “La Comunidad considera que los BIC deben tener carácter excepcional y no relevante como establece la Ley de Patrimonio Histórico Español y otras legislaciones autonómicas, lo que supone una ruptura con la norma común”, explica Javier García, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y autor del recurso. “Siguiendo este precepto, disminuirían considerablemente el número de BIC, mermando la protección del patrimonio e incurriendo en el posible expolio y exportación de los bienes”.

El Constitucional entendió que la norma autonómica otorgaba un menor grado de protección que la estatal y declaró nulos los artículos que definían los BIC, lo que, según los profesionales y la oposición, podría ayudar a conservar, por ejemplo, el teatro Albéniz al que el Gobierno regional (PP) denegó la consideración de Bien de Interés Cultural en mayo de este año, dejándolo sin ninguna protección como patrimonio histórico-artístico. “Esta sentencia va a favorecer al Albéniz porque ya no hace falta que los edificios estén calificados de excepcionales”, considera Alicia Torija, Vicepresidenta de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Ahora será más fácil que el Albéniz salga adelante”. La viceconsejera de Turismo reconoce que “es posible que la sentencia afecte al Albéniz, pero, en cualquier caso —matiza— la decisión iba a ser revisada por los tribunales” porque ha sido recurrida por la Plataforma de Ayuda al Albéniz.

La posibilidad de segregación parcelaria de Monumentos y Jardines Históricos también ha sido declarada inconstitucional por la sentencia, lo que, según la responsable de Cultura de IU, favorecería, entre otros, al Palacio de la música, que, explica, se han planteado “convertirlo en una tienda de ropa y un pequeño teatro”. González, niega, sin embargo, que se haya presentado un proyecto del estilo y “en cualquier caso”, afirma, “si los propietarios lo propusieran ahora, no se podría conceder”. La sentencia puede generar cierta inseguridad jurídica a los empresarios que pensaran invertir en los inmuebles que los colectivos que presentaron el recurso consideran afectados por el fallo del Constitucional.
El vocal del Colegio de Arqueólogos, Jaime Almansa, añade el único pero a una sentencia que ha sorprendido a todos los colectivos que formaron parte del recurso por la rapidez de los magistrados. “Como arqueólogo, estoy muy contento, pero el Constitucional llega hasta donde llega la Constitución. La abolición de la arqueología preventiva en todas sus vertientes no entra dentro de sus competencias. Nos tendremos que conformar con parar las obras que podamos después de que se inicien. Aunque lo deseable sería prevenir que esos procesos comenzaran para impedir que se dañe el patrimonio que aún no conocemos”. “La crisis ha salvado de alguna forma nuestro patrimonio porque ha parado la construcción, pero si mañana se vuelven a desbloquear grandes proyectos urbanísticos, la desaparición de los sondeos y los controles de movimiento de tierra, significaría que se pudieran saltar el informe de impacto ambiental”, añade.

“Los socialistas vamos a instar al Gobierno para que se derogue la ley y vamos a pedir la comparecencia de la consejera de cultura, Ana Isabel Mariño Ortega, con carácter de urgencia”, señala Maru Menéndez, diputada de la Asamblea de Madrid y senadora por el PSOE. “Lo suyo es volver a la casilla de salida”.


"Agotaremos todas las vías legales"

El teatro Albéniz, inaugurado en 1945 y situado a escasos metros de la Puerta del Sol, gozaba de protección urbanística desde 1997, pero sus propietarios (Moro, SA) acudieron al Tribunal Superior de Justicia para retirársela, alegando que el edificio carecía de “relevancia arquitectónica”. Los magistrados les dieron la razón en 2003, con sentencia firme en 2005, lo que permitía su derribo para hacer un centro comercial. El proyecto no fructificó y la empresa entró en concurso de acreedores en junio de 2012. El teatro ya había cerrado en 2008. El edificio se ofreció al mejor postor y nadie lo quiso. El 30 de enero de 2014, se lo quedó Kutxabank por cinco millones en una subasta judicial, a pesar de estar valorado en 9,2 millones. Comunidad y Ayuntamiento pudieron quedárselo a precio de saldo, pero no quisieron.
El problema era que los posibles compradores temían su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obligaría a mantener su uso teatral. Cuando el Tribunal Superior de Justicia refrendó en 2005 que el inmueble carecía de valor arquitectónico para ser protegido, la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz acudió ante los magistrados con otro argumento: que debía ser blindado por su valor como teatro. En 2012, el Tribunal Supremo obligó al Gobierno regional a estudiar su declaración como BIC al considerar que “reúne indicios sólidos para poder ser calificado como de una singularidad cultural y artística dentro de los teatros de la Comunidad”, pero a mediados de mayo de este año el Ejecutivo de Ignacio González (PP) denegó la máxima protección al teatro. “Si percibimos peligro inminente de derribo, pediremos una medida cautelar”, aseguraba entonces la portavoz de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz, Eva Aladro. “Vamos a agotar todas las vías legales para asegurar que el Albéniz no se convierta en un solar para una tienda de ropa o un hotel”.



16.7.14

Denunciamos los hechos vinculados con la irregular tramitación del BIC para el Teatro Albéniz


Hoy miércoles 16 de julio de 2014, la Plataforma de Ayuda al Teatro
Albéniz, y en su nombre Beltrán Gambier, asesor legal, ha denunciado
ante la Fiscalía a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la
Comunidad de Madrid, por posibles irregularidades en la tramitación
del expediente de Bien de Interés Cultural (BIC), que fue denegado al
teatro en el pasado mes de mayo.
La Dirección de Patrimonio, que no ha facilitado aún todos los actos
administrativos y sus documentos a la Plataforma, pudo manejar dos
documentos contradictorios del Consejo Regional de Patrimonio
Histórico, órgano que aboga y propone la condición BIC para los
monumentos o bienes. En un documento oficial se declara que este
Consejo simplemente se limitó a abrir el Expediente de estudio del BIC
para el Albéniz - expediente que estaba ya abierto por sentencia
judicial días antes- y en otro documento, el Acta del Consejo, el
mismo órgano se declara en favor de la concesión del  BIC para el
Teatro Albéniz.
Recordamos que además, otros documentos como los Informes de los
Expertos de las Reales Academias, fueron desoídos por el Consejo de
Gobierno de la CAM. La Plataforma no descarta, una vez que conozca
todos los documentos, presentar un recurso contencioso administrativo
y en cualquier caso seguirá solicitando la protección cautelar del
edificio en  caso de que fuera necesario.
Adjuntamos la denuncia formulada por el abogado de la Plataforma,
Beltrán Gambier.
Beltrán Gambier













A la atención del señor Fiscal General Antonio Vercher
FISCALIA COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Calle Ortega y Gasset 57 - 3ª planta - Madrid 28006

Beltran Gambier, abogado en ejercicio del ICAM, DNI 50388425W, con domicilio en la calle Ayala 7, 2º derecha, de Madrid, CP 28001, (teléfono nº 606 317 635), miembro de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz,  y en calidad de ciudadano interesado por el asunto   –siendo parte interesada en las actuaciones administrativas a las que haré referencia- y como asesor legal de la misma,

Expone cuanto sigue

1.   Que actúo y he actuado como ciudadano y como abogado (pro bono) en  diferentes procedimientos administrativos y contencioso-administrativos que tienen que ver con la preservación del Teatro Albéniz de Madrid.
2.    Que en tal carácter, y en el marco de uno de esos procedimientos, concurrí el día 11 de junio de 2014 a la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en compañía de Doña Eva Aladro Vico, portavoz de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz. Fuimos atendidos por el señor Javier Sánchez Maqueda. El motivo de la visita era tomar vista de las actuaciones con carácter previo a promover el recurso de reposición que interpusimos el día 13 de junio, es decir, dos días después (se adjunta copia de ese escrito que es suficientemente ilustrativo del contexto de los hechos que habré de denunciar) contra un acto administrativo (que hasta el momento no conocemos en su integridad) que resolvió no declarar al teatro Albéniz como Bien de Interés Cultural (dictado el 14 de mayo de 2014).
3.    En la ocasión antes indicada y por considerarlo muy importante para nuestra defensa, solicitamos el acta del Pleno del Consejo Regional de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, celebrada el día 20 de mayo de 2013 en la que se trató, según documento que también adjunto (que en adelante llamaré “el certificado”), como quinto punto del orden del día el sometimiento a trámite de audiencia para la declaración de Bien de Interés Cultural del Teatro Albéniz por sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según reza el certificado expedido por Doña Alicia Durántez de Irezábal, “en dicha reunión se aprobó por unanimidad la incoación del expediente para la declaración de bien de interés cultural, en la categoría de monumento, del Teatro Albéniz, en ejecución de la Sentencia del Tribunal Supremo”. Adjunto copia de la sentencia del TSJM de la que surge la valoración del teatro Albéniz hecha por la justicia.
4.  He recibido información de que en esa reunión, por el contrario, se resolvió, por unanimidad, aconsejar al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, la declaración de Bien de Interés Cultural del Teatro Albéniz en la categoría de “monumento” (el expediente, como bien lo sabían los funcionarios, ya estaba incoado por un acto administrativo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid).
5.   En consecuencia, el certificado suscrito por la Sra. Alicia Durántez de Irezábal no estaría siendo fiel a lo estrictamente sucedido ese día. Si esto se confirmase, corresponde la calificación penal de ese hecho a los efectos correspondientes. La importancia de lo opinado por ese órgano consultivo resultaba decisiva para resolver el trámite de protección del teatro Albéniz en uno u otro sentido. Más tarde, como surge del recurso adjunto, dos Academias aconsejaron la protección del teatro.
          
Por todo ello, pido a la Fiscalía que:
Se solicite el acta indicada en el punto 3 de ese escrito y se tome declaración, si se lo considerase pertinente, a los participantes de esa reunión para determinar lo que en definitiva se resolvió ese día y, según ello, calificar jurídica y penalmente el hecho que generó el certificado de fecha 6 de mayo de 2014 firmado por la Sra. Durántez de Irezábal.
Las personas que habrían participado de esa reunión son:
Sra. Dña. Ana Isabel Mariño Ortega
D. Jaime Ignacio Muñoz Llinás
Dña. Alicia Durántez de Irezábal
D. Juan Carlos de la Mata González
D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés
Dña. Mª José Martínez de la Fuente
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo
D. Juan Jesús Domínguez Picazo
Dña. Matilde García Duarte
D. José Trigueros Rodrigo
Dña. Pilar Sedano Espín
D. Antonio Gallego Gallego
D. Javier González Herráez
D. José Ramón Duralde
Dña. Diana Díaz del Pozo
Dña. Dolores Agudo Masa
D. Ángel Aragonés López
Dña. Amparo Berlinches
D. Emilio Arias Plaza
D. Fco. José García Paredes
D. Luis Lafuente Batanero,
Dña. Ana de Miguel Cabrera,
D. José Mª Ballester, Jefe de Área de Catalogación (DGPH)
Dña. América Jiménez Hernández (DGPH)
Dña. Inés Sánchez Vallejo (DGPH)
Dña. Eva Monclús Aguilar (DGPH)
Quiero señalar, finalmente, que este escrito no supone imputar delito alguno a persona alguna pero que, de lo relatado, podrían sí surgir conductas tipificadas en el Código Penal.
A los efectos de evitar trastornos innecesarios, antes de realizar esta denuncia, contacté con un funcionario de la Dirección General de Patrimonio Histórico dando noticia de que este escrito iba a ser presentado para, si es que hubiere algún error de información, la situación se corrigiera sin intervención de esa Fiscalía. El resultado fue negativo en el sentido de que se ratificaban en lo actuado.
Quedo a disposición para visitarle y ratificar lo aquí expuesto.
Un cordial saludo,

Beltrán Gambier Ayllón


Certificado de Alicia Durántez

18.6.14

Lo que el Consejo Regional de Patrimonio Histórico decidió y ahora se dice que no ocurrió



La Comunidad de Madrid dice que el Albéniz no es un bien de interés Cultural cuando se nos ha informado nada menos de que
"el Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Histórico aprueba por unanimidad que la Dirección General de Patrimonio Histórico declare como Bien de Interés Cultural el Teatro Albéniz, en la categoría de Monumento"

La Comunidad de Madrid quiere ocultar el acta de esa decisión. No pueden hacerlo, con la ley de transparencia en la mano. 

Pero lo hacen, sin inmutarse…


Lo que el Consejo Regional de Patrimonio Histórico decidió 
y ahora se dice que no ocurrió


Artículo por Beltrán Gambier
(Abogado de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz)

Ir al artículo original



Pinchar aquí si se desea ver una información más completa y que contextualiza lo que ahora se dice

Cuando se incoó el expediente BIC para el Teatro Albéniz por orden del TSJM, pedimos que se amplíen las consultas técnicas: entidades públicas, entidades  privadas, periodistas y gestores culturales. Y ello porque consideramos que tienen una opinión valiosa a aportar sobre el valor cultural del teatro Albéniz (agregamos una lista sólo enunciativa de entidades y personas). 

Esta prueba fue considerada innecesaria mediante el acto procedimental de Alicia Durántez de Irezábal de 28 de abril de 2014. Se dijo, para ello, que “en la tramitación del expediente se solicitan informes a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a la Real Academia de la Historia”. Y se agregó seguidamente que “también se somete el expediente al dictamen del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, donde están representadas además de las Reales Academias, diversas instituciones culturales, Universidades públicas y colectivos profesionales, así como partidos políticos con representación parlamentaria”. Dicho eso se concluye expresando “con ello se entiendo suficientemente abierto el ámbito de consultas”.
Lo que no se dijo fue que daba igual lo que arrojara ese análisis porque se iba a privilegiar la solitaria opinión de un funcionario: Amado Giménez Precioso (Director General de Promoción Cultural) -ya vemos cómo promociona la cultura- y el del arquitecto José María Ballester Palazón, funcionario de la Dirección General de Patrimonio Histórico. La opinión de ellos dos tuvo más peso que más de 6000 firmas ciudadanas, 500 intelectuales y protagonistas de la cultura.

¿Honró esta pauta procedimental la Comunidad de Madrid? 

No. 

Veamos lo sucedido.

El Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid se reunió en la mañana del miércoles 20 de febrero de 2013 y trató, entre otros, el tema del Albéniz. Son aproximadamente 30 los integrantes.

¿Quiénes asistieron y quiénes delegaron su voto? 

Presidenta: Sra. Dña. Ana Isabel Mariño Ortega
Vicepresidente: Sr. D. Jaime Ignacio Muñoz Llinás
Secretaria: Dña. Alicia Durántez de Irezábal
Vocales:
D. Juan Carlos de la Mata González
D. José Luis Martínez-Almeida Navasqüés
Dña. Mª José Martínez de la Fuente
D. José Luis Fernández-Quejo del Pozo
D. Juan Jesús Domínguez Picazo
Dña. Matilde García Duarte
D. José Trigueros Rodrigo
Dña. Pilar Sedano Espín
D. Antonio Gallego Gallego
D. Javier González Herráez
D. José Ramón Duralde
Dña. Diana Díaz del Pozo
Dña. Dolores Agudo Masa
D. Ángel Aragonés López
Dña. Amparo Berlinches
Asisten también, por razón de los temas a tratar:
D. Emilio Arias Plaza – Ayuntamiento de Fresnedillas de la Oliva
D. Fco. José García Paredes – Ayuntamiento de Colmenar de Oreja
D. Luis Lafuente Batanero, Subdirector General de Difusión y Gestión (DGPH)
Dña. Ana de Miguel Cabrera, Subdirectora General de Protección y Conservación (DGPH)
D. José Mª Ballester, Jefe de Área de Catalogación (DGPH)
Dña. América Jiménez Hernández (DGPH)
Dña. Inés Sánchez Vallejo (DGPH)
Dña. Eva Monclús Aguilar (DGPH)
Delegan su voto en el Presidente:
Dña. Isabel Rosell Volart
D. José Luis Moreno Casas
D. Enrique Ruiz Escudero
Delegan su voto en el Vicepresidente:
D. Enrique Baquedano

¿Qué acordaron en relación al Teatro Albéniz?

Según se nos ha informado, y quisiéramos confirmar este dato, se decidió lo siguiente en estos términos: "De acuerdo con lo anterior el Pleno del Consejo Regional de Patrimonio Histórico aprueba por unanimidad que la Dirección General de Patrimonio Histórico declare como Bien de Interés Cultural el Teatro Albéniz, en la categoría de Monumento".

Cabe señalar que en cada uno de los casos que se iban tratando se iban decidiendo cosas distintas. En algunos de los temas se resolvió en idénticos términos para otros sitios y en otros se resolvía, por ejemplo, aconsejar la incoación del expediente BIC.

En los otros casos en que se aconsejó lo mismo que para el Teatro Albéniz (...aprueba por unanimidad que la Dirección General de Patrimonio Histórico declare como Bien de Interés Cultural...) (vuelvo a poner las palabras usadas para que no se quiera decir que hubo error de quien levantó el acta), el BIC fue acordado con posterioridad por la Comunidad de Madrid a través de su Consejo de Gobierno.  Pinchar aquí para ver un ejemplo con un violín Stradivarius

En el caso del Albéniz no correspondía aconsejar la incoación por dos clarísimos motivos:

Primero: hacía cinco días que el expediente se había incoado por la propia Dirección General de Patrimonio Histórico (concretamente, el 15 de febrero). Pinchar aquí para ver el acto de incoación del que surge la fecha que indico 
Segundo: la necesidad de incoación, en todo caso, ya estaba ordenada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y nada tenía que decir ni aconsejar el Consejo al respecto.

De manera que, insisto, no tenían que deliberar sobre la incoación (como no lo hicieron) y sí sobre el fondo del asunto, lo que así hicieron con resultado favorable para la preservación del Albéniz. No es posible iniciar/incoar un expediente ya iniciado....

¿Qué pasó después? ¿Qué se dice ahora que fue lo que se acordó?

Creemos que alguien, por motivos que se desconocen, resolvió que pese a lo categórico de la opinión del Consejo (el Consejo que Alicia Durántez de Irezábal nos dijo que servía para suplir las consultas que nosotros pedíamos), el BIC no debía otorgarse para el Teatro Albéniz. ¿Qué fuerzas se movieron?. No los sabemos. Y entonces hubo que cambiar la versión de los hechos y decir que no pasó lo que pasó. Algo difícil con tantas personas implicadas.

¿Cómo hacer para desoír lo aconsejado por dos Academias y por el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid?

No era fácil. Pero alguien debió tener lo que pudo considerarse una brillante idea.

El razonamiento que pudo tenerse, colegimos, fue el siguiente: "digamos que en realidad el Consejo Regional de Patrimonio Histórico en vez de aconsejar la declaración de BIC aconsejó la incoación del expediente. Y decimos que el Consejo no tiene competencia para declarar BIC".
Mala idea no habrá resultado porque para concretar esto Alicia Durántez de Irezábal expidió un certificado/diligencia, con fecha 6 de mayo de 2014, que nos entregó, expresando que lo ha se había resuelto para el Teatro Albéniz era la incoación y no la declaración (de BIC).....(como efectivamente había ocurrido).

¿Cómo se pensó, entonces, explicar a los ciudadanos de Madrid este brutal y trascendente cambio?

Alguien, parece, tuvo la buena idea de razonar así: "digamos que el Consejo Regional de Patrimonio Histórico no tiene competencia para declarar BIC a un bien determinado y que éso, por ley, es una competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Digamos, entonces, que lo consignado en el acta fue un error, dado que mal pudo el Consejo decidir algo que no le competía".
Esta línea de actuación anduvo bien. Pero hace agua por los cuatro costados.

Pensarían que con esgrimir el argumento de la falta de competencia del Consejo para declarar BIC bastaba. No se percataron de que la dinámica que surge del acta indica qué fue lo que ocurrió. Y lo que ocurrió fue que se aconsejó BIC para el Albéniz y no la incoción (que ya se había producido días antes, el 15 de febrero, y era sabido por todos, al menos por los funcionarios de la CAM).
Qué dificil será para el señor Director General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid sostener esta explicación, sin ponerse colorado. Será difícil, también, para Alicia Durántez de Irezábal. Ella, siendo secretaria del Consejo, debió decir: "Señores, el expediente ya lo hemos incoado". ¿Por qué no lo dijo? 

Tan incoherente es lo actuado que si hubiera sido cierto que en el acta se consignó por error lo de la incoación, debié el asunto volver a tratarse en la siguiente sesión, ¿no?
¿Es que tenemos cara de tontos?  

¿Resulta plausible la explicación que ahora se pretende dar?

No. Y ello porque no hubo error. Lo que el Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid resolvió ese día fue acorde con lo aconsejó para otros casos. En unos casos recomendaba la incoación y en otros la declaración de BIC. Y para el Albéniz aconsejó declararlo BIC.
Pero claro, no contaron con un detalle. Aquí la incoación, valga la repetición, ya estaba resuelta por orden de la justicia y lista para publicarse en el BOE (se terminó publicando el día 1º de marzo de 2013). Alicia Durántez de Irezábal lo sabe.

Ahora sólo les queda un camino: que no se conozca el acta  y para ello se nos da el argumento de que no es pública.
A ver: ¿con una flamante Ley de Transparencia nos van a decir nuestros queridos empleados de la Comunidad de Madrid que no podemos conocer lo que se opina sobre la declaración de BIC de un determinado bien?

Pues sí, lo dicen. Y sin inmutarse.

¿Cómo se explicará -en la versión que se nos pretende vender- que después de 7 años de juicio no se pidió opinión al Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid?
"Se pidió", dirá un despistado. "No se pidió" dirá un listo. Y la verdad es que se pidió pero se dice que la opinión fue distinta a la que consideramos verdadera.

En fin, un caso detectivesco, casi.

¿Serán honestos los que ese día participaron de la reunión y contarán la verdad de lo sucedido?
Está por verse. Esperamos que sí, naturalmente.

Beltrán Gambier
Abogado pro bono de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz
Madrid, 17 de junio de 2014.