Cifuentes ‘blinda’ el Teatro Albéniz tras ocho años de cierre y amenazas de derribo

INFOLIBRE

1/12/2015

Ir a la noticia original

    La Comunidad de Madrid, que dejó el edificio en 2008, lo declarará Bien de Interés Patrimonial para impedir su derribo.

    Los dueños han intentado impedir desde entonces que se incluya en el catálogo de bienes protegidos, ante lo que la región prefirió no actuar.

La Comunidad de Madrid ha iniciado los trámites para declarar Bien de Interés Patrimonial (BIP) el Teatro Albéniz, como ha informado este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes y recoge la agencia Europa Press. Esto supone que, siete años después de su cierre y de constantes amenazas de demolición, gran parte del edificio quedaría protegido. El Gobierno regional mantuvo alquilado el centro entre 1986 y 2008, cuando se inauguraron los Teatros del Canal. En 2008 abandonó el edificio, y se ha resistido desde entonces a incluirlo en el Catálogo de Bienes Protegidos.

El Teatro Albéniz, una parcela de 1.377 metros cuadrados situada en la calle de la Paz, número 11 de Madrid, es propiedad de Kutxabank desde febrero de 2014, que lo adquirió a la inmobiliaria Monteverde a cambio de anular la deuda de cinco millones de euros que esta tenía con la entidad. Cifuentes ha señalado que la declaración de BIP es vital, porque sin ella "el inmueble en su conjunto quedaría desprotegido y a merced de la voluntad de los propietarios". Además, el Ayuntamiento estaría obligado a conceder la licencia de demolición total o parcial del edificio, si así la solicitaran sus dueños.

La declaración supone que "la sala, el escenario, los accesos a los tres niveles del teatro y las escaleras se mantendrán" intactos, según la plataforma Ayuda al Teatro Albéniz, aunque esta categoría, inferior a la de Bien de Interés Cultural, no protege otras secciones del edificio. Además, podrá tener todos los usos que sean compatibles con la naturaleza del espacio y su configuración, es decir, teatro, espectáculos, conciertos, cafés, convenciones... "Cualquier actividad que requiera de un escenario y un público y de unas especiales condiciones ambientales y de funcionamiento", ha precisado la presidenta.


Hasta ahora, el Albéniz ha seguido una confusa trayectoria legal. El teatro entró en el Catálogo de Bienes Protegidos desde 1997, pero los dueños recurrieron esta decisión ante el Tribunal Superior de Justicia alegando que el edificio no tenía la "relevancia arquitectónica" necesaria. En 2003, la justicia les dio la razón y sacó al teatro de la lista. La Comunidad (presidida entonces por Gallardón) interpuso un recurso que Esperanza Aguirre acabó descartando a su llegada al Gobierno regional. La sentencia se hizo firme en 2005: el Albéniz podía convertirse en oficinas, centro comercial o un hotel. Un año más tarde, lo compró la inmobiliaria Monteverde, hoy en quiebra por haberse endeudado adquiriendo edificios históricos para su venta.

La Comunidad de Madrid abandonó la sala, que utilizaba desde 1986, para instalarse en los recién inaugurados Teatros del Canal. El Albéniz acogió su última representación el 21 de diciembre de 2008 con La vida es sueño, de Calderón de la Barca. La plataforma recogió más de 5.000 firmas para pedir que el teatro siguera abierto pero, aunque la inmobiliaria había prometido mantener su uso, clausuró el teatro para tratar de arrancar varios proyectos de viviendas de lujo o de venta a otra entidad. El Albéniz, inaugurado en 1945 sobre un inmueble que data del siglo XVIII, no volvió a abrir sus puertas.

El Tribunal Superior obligó a la Comunidad a abrir el expediente de interés cultural para el recinto en 2011, como resultado del recurso que interpuso la plataforma Ayuda al Teatro Albéniz. Estos fundaban su solicitud en la riqueza teatral e histórica del local, y no en su excepcionalidad arquitectónica, que ya había sido descartada. Es la misma estrategia que utiliza hoy la Comunidad de Madrid al iniciar los trámites para nombrarlo Bien de Interés Patrimonial, una figura recogida en la Ley de Patrimonio Histórico de 2013 que distingue a bienes que no tienen la singularidad de los Bienes de Interés Cultural, pero merecen un reconocimiento por su actividad pasada.

La Dirección General de Patrimonio iniciará los trámites con una propuesta de declaración que será notificada a la Real Academia de la Historia, el Colegio de Arquitectos, el Ayuntamiento de Madrid, asociaciones y colectivos, y se publicará de manera oficial en el boletín de la Comunidad. Después de vuelve a redactar el texto con las alegaciones de las partes y del Consejo Regional de Patrimonio. Todo esto tiene que cerrarse en un plazo máximo de seis meses.