El Consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid, Santiago Fisas, al ser consultado por el periodista de Caiga quien Caiga (programa emitido el 10 de noviembre de 2006) sobre la promesa de comprar el teatro Albéniz contenida en el punto 9 del programa de Esperanza Aguirre en las elecciones que la llevaron a la Presidencia de la Comunidad de Madrid expresó: esa promesa se hizo cuando el teatro estaba protegido.
¿Qué quiso decir?
No se comprende a primera vista pero intentaremos profundizar.
Veamos.
Pareciera que a su modo de ver si la protección legal estuviere vigente la Comunidad de Madrid mantendría su interés en la compra (en otros términos: al haber caído la protección cae el interés de comprarlo).
Esto no tiene sentido pero, además, no se compadece con el argumento expresado en el programa político. Hay que recordar que la razón tenida en cuenta para la promesa y concretamente expresada fue que el Albéniz es un “centro emblemático de la actividad teatral llevada a cabo por la Comunidad de Madrid”. Es decir que no se había prometido comprarlo por estar protegido sino por lo que suponía como hecho cultural. De allí que el invocado hecho de la desprotección en nada cambia la razón tenida en cuenta para hacer la promesa electoral.
Pero eso no es lo más grave: lo más grave es que fue la propia Comunidad de Madrid la que se alzó en tiempos de Gallardón contra la sentencia que decidía la desprotección, a través de un recurso que, más tarde y súbitamente, se desistió bajo la presidencia de Aguirre. Hay que recordar que cuando se elaboró el programa electoral el recurso contra la sentencia estaba en trámite ante el Tribunal Supremo.
Cuando producto de nuestra insistencia logramos instalar en los medios el tema del misterioso desistimiento del recurso, la Comunidad de Madrid terminó explicando que el propietario había solicitado que se desista del mismo para aceptar prorrogar el contrato de arrendamiento. Esta presión absolutamente indebida resultaba, sobretodo, absolutamente inaceptable para una administración responsable. En términos prácticos ese desistimiento supuso para el propietario del Albéniz consolidar la plusvalía que estaba en suspenso hasta que el Tribunal Supremo se expidiera, y para los ciudadanos de Madrid, perder la posibilidad de que la cuestión fuera resuelta por ese tribunal con la chance de que la sentencia que desprotegió el teatro quedara sin efecto.
En suma: lo dicho por el Consejero Santiago Fisas resulta incomprensible ya que no variaron las circunstancias tenidas en cuenta por el Partido Popular para prometer a los votantes la compra del Albéniz. Y resulta además contradictorio con anteriores afirmaciones de la Comunidad de Madrid en el sentido de que se había intentado la compra sin éxito.
Es cierto que el vértigo de una entrevista televisiva -y más en un programa donde el humor punzante está presente- puede llevar a expresar pensamientos incompletos que los tornen incomprensibles. Pero también lo es que la Comunidad de Madrid no ha manifestado interés alguno por aclarar estas cuestiones ante la ciudadanía pese a los reclamos que hemos efectuado en tal sentido.
Beltrán Gambier
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