Acabo de leer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que terminó de fulminar, el 3 de junio de 2003, la protección que le quedaba al teatro Albéniz.
El propietario, desinteresado por los valores culturales y arquitectónicos de su teatro y atendiendo a su exclusivo interés económico, demandó al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid persiguiendo la desprotección total del inmueble. La justicia, en un fallo muy criticable, le dio la razón.
Esto no debe ser tomado como una mala noticia.
Ahora, frente al clamor generado, le toca otra vez a los poderes públicos demostrar cómo el interés general predomina por sobre el interés particular.
Tanto el camino de la expropiación por causa de utilidad pública, como el de la declaración de bien de interés cultural están expeditos.
Beltrán Gambier
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